FACA o los bacanes del barrio en AQP

Alvaro Pinto Cárdenas (18.07.2007)

Ya estuvo bueno de pendejadas [1]. ¿De qué otra manera calificar a los recientes comportamientos de los miembros del FACA en AQP? El día 10 de julio el Presidente del GRA y el Alcalde de la Ciudad llevaron la agenda del FACA ante el Ejecutivo con la amenaza de huelga. Como respuesta, se plantea una visita para el 17 de julio, donde se dialogaría sobre sus puntos, evitando así la medida de fuerza. Enterados de esto, los representantes del FACA adelantan la fecha del paro -primero, del 23 al 16 y luego, del 16 al 11- pretendiendo ganar algo de poder de negociación. Luego de 6 días de haber obstruido las actividades en AQP y ante la firme posición del Ejecutivo de no dialogar hasta que se abandone las calles, es que desde el FACA nace la tregua de las 48 horas. Así es que se da, el anhelado encuentro.
Sobre las participaciones, primero quiero reconocer la capacidad de Del Castilo para manejar el diálogo -sin entrar en la confrontación directa, llega incluso, a caer en gracia y agrado- tomando en cuenta que los moderadores eran de aquí. Claro, así ocurre cuando el otro bando no está preparado pues los dirigentes del FACA y algunos alcaldes se han dedicado más a bloquear vías, a gritar en las calles o a quemar llantas promoviendo el cobro de cupos, la agresión y el secuestro de policías y otros salvajismos. Aquí quiero hacer notar que quienes se sientan en la mesa del diálogo -además de poder de negociación- necesitan tener las cosas claras, conocer la situación con datos y fuentes, saber que quieren exactamente y hasta donde exigir o retroceder.
¿Qué paso con los aguerridos representantes del FACA? ¿Es que sólo son valientes en las calles, con palo en mano, y cuando llega el momento del diálogo su “contundencia” no se refleja en los argumentos para el debate y la propuesta? ¿Acaso por eso se niegan a reconocer sus aspiraciones políticas partidarias obviando que ya se han metido en el plano de las decisiones colectivas, claro está, recurriendo a la violencia?
Ellos (FACA) saben perfectamente que NADIE -que se respete algo a sí mismo- va a permitir que le salgan con cuentos ideológicos sobre utopías colectivistas. Pero claro, como estamos en Arequipa y aquí, la pasividad del ciudadano se une con la timidez del Estado (instancias: Regional y locales) por garantizar vida, propiedad y libertad; ellos se comportan como los bacanes del barrio.
Discutir sobre si la necesidad de subsidiar el combustible o de rebajar el precio del pan solo se puede esperar de personajes que ignoran la realidad. Bien hizo Del Castillo, en darles unos apuntes de economía básica, otros de realidad mundial y algunos más sobre la diferencia entre las facultades del Ejecutivo y del Legislativo. Estoy totalmente de acuerdo -y tengo sólidos argumentos e información adecuada- con la eliminación de ciertos impuestos como el ISC y la rebaja de otos más. Siempre y cuando se haga sin otorgar tratos diferenciados a nadie, ya sea por situación geográfica, económica, social o amical. Sin embargo no comprendo cómo se pueden dejar chantajear con la violencia para hablar de asuntos perfectamente discutibles “sobre la mesa”.
Recuerdo que en mi época de estudiante, en el colegio también existían los bacanes. Sí, compañeros de estudios que apelando a la viveza o a la fuerza, se aprovechaban de cierto grupo de estudiantes -quitándoles la comida o haciéndoles bromas para burlarse de ellos- ante su pasividad. Éstos últimos no se sentían con la capacidad de salirles al frente y defender lo que era suyo: su comida o la facultad de participar o no, en los juegos de otro.
Estoy seguro de que la vida en Sociedad no es igual a esa convivencia escolar. Aquí, estamos individuos que hemos renunciado al uso de la fuerza (violencia) para que el Estado garantice la vida, la propiedad y la libertad de cada uno; y a partir de allí, resuelva los conflictos.
En tanto a los muchachotes del FACA y a sus seguidores, creo que les quedan dos opciones. O comienzan a prepararse -estudiando algo básico de economía y política- para defender sus legítimos intereses, y los de sus agremiados. O sencillamente se jubilan de la actividad violentista, porque sus pataletas abusivas son –considero, personalmente- TOTALMENTE INACEPTABLES.

[1] Según RAE (www.rae.es), tonterías (dichos o hechos tontos).

¿Dictadura del Relativismo o del Absolutismo?

Ydalid Rojas Salinas (27.06.2007)

“Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, viene constantemente etiquetado como fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar “de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina”, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos hodiernos. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja sólo como medida última al propio yo y sus apetencias”

Benedicto XVI.

La polémica sobre el avance del laicismo en el mundo se ha constituido en un asunto de gran actualidad, especialmente en América Latina. Mientras con su visita a Brasil el Papa Benedicto XVI buscaba colocar en la agenda nacional la necesidad de la enseñanza religiosa católica en las escuelas estatales, la prohibición de los métodos anticonceptivos, el aborto, la eutanasia y la unión civil entre personas del mismo sexo; en esas mismas fechas más de un millón de personas en Turquía se alzaban al unísono para manifestarse en defensa del Estado Laico, ante el temor de que el actual gobierno —islámico moderado— conspire para imponer valores religiosos a la sociedad.
Recientemente, en nuestro país el Tribunal Constitucional, a pesar de reconocer de manera expresa el carácter laico del Estado peruano, se vio en la necesidad de convocar a las principales organizaciones religiosas del Perú para conocer sus puntos de vista antes de emitir sentencia sobre la constitucionalidad o no de la distribución del Anticonceptivo Oral de Emergencia en los hospitales nacionales, debido a la controversia desatada a raíz de los posibles efectos abortivos de dicho anticonceptivo.
El debate sobre la laicidad estatal, tampoco nos ha sido ajeno al ámbito local. El mes de abril pasado, fue presentado en Arequipa el libro: “Bosquejo del Laicismo Político”, del profesor de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, Iván Darío Garzón, quien finaliza su obra con una pregunta específica: “¿Qué se puede hacer para detener el avance del laicismo?” al que define como “una ideología que niega algo tan elemental como el derecho a tener creencias, opiniones y convicciones y a vivir públicamente de acuerdo con ellas en una sociedad que, paradójicamente se dice abierta, plural y democrática.” (2006:92)
Las palabras con las que el Dr. Garzón concluye su obra ciertamente generan desconcierto, más aún cuando sindica al laicismo como “una especie de nuevo fundamentalismo que se impone incluso como una especie de religión o un nuevo tipo de confesionalidad” (2006:14). ¿Bajo qué consideraciones la propuesta de un Estado que respete las creencias de sus ciudadanos sin realizar distingos, puede ser visto como un nuevo tipo de fundamentalismo? Si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española, el fundamentalismo es una exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. ¿Constituye acaso la invitación al respeto de todas las creencias religiosas una actitud de intransigencia? ¿No es acaso intransigente el que se niega a reconocer que sus creencias más profundas merecen el mismo respeto que las creencias de los que piensan distinto a él? Si existe una exigencia que se desprende del valor de la tolerancia es pues el respeto. Sin embargo, para el Dr. Garzón, este valor más bien ha fungido de medio para legitimar el relativismo que tanto cuestiona por ser supuestamente fundamentalista. Él señala que “mediante la absolutización de la idea de tolerancia —fuertemente influida en nuestra época por el multiculturalismo y la preponderancia del diálogo y el consenso como elementos resolutorios de las divergencias— se le ha dado legitimidad cultural al relativismo que, a pesar de proponer que nada puede considerarse como absoluto o verdadero termina presentando sus propios postulados como indiscutibles e incuestionables.” (2006:18)
A mi modo de ver, el laicismo no exige que nada sea considerado como absoluto o verdadero, simplemente reconoce que no existe alguien que pueda asegurar a ciencia cierta cuál es la verdad absoluta sobre nuestra existencia en la tierra. Hoy como en el pasado, son innumerables los sistemas ideológicos y religiosos que pretenden dar respuesta a esta interrogante y algunos aspiran a imponerse como verdades universales. Sin embargo, no ha sido posible reducir estos sistemas a un conjunto de ideas comunes compartidas por toda la humanidad sin excepción. Ni siquiera dos personas pueden llegar a coincidir del todo en sus pareceres y mucho menos en su escala de valores. En ese sentido, mientras la idea de la irreductibilidad del pensamiento humano se mantenga en pie, la pluralidad de sistemas y formas de pensamiento debe gozar de legitimidad como ocurre en los estados auténticamente laicos y democráticos. ¿Tiene acaso alguien la potestad de juzgarnos y decirnos que estamos en lo correcto o equivocados? ¿Puede alguien arrogarse la facultad de imponer sus propias creencias como verdades únicas?
Si de imposición de postulados indiscutibles e incuestionables hablamos, deberíamos dar una mirada a aquéllas religiones que plantean a sus feligreses asumir como verdades irrefutables las enseñanzas que predican. Y para un Estado Laico eso no está mal. Más bien cuentan con todo el respaldo para hacerlo, pero lo que no pueden hacer es recurrir al uso del poder estatal para imponer su particular visión de las cosas a los demás. Esa es la intolerancia y el fundamentalismo que el Estado Laico combate con la finalidad de facilitar la convivencia pacífica de todos los que compartimos un mismo espacio geográfico.
Sin embargo, el Dr. Garzón está convencido de lo contrario, para él, sí existe “una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que sostener toda concepción del hombre, del bien común, de la política y del Estado.” (2006:68). Hubiera sido interesante conocer cuál es esa norma moral arraigada en la naturaleza de todo ser humano. El Dr. Garzón no se toma la molestia de mencionarla. Al atribuirle la condición de innata no juzga necesario comentarla puesto que asume que todos la conocemos. Por lo menos nos consta que esta presunción no es compartida por los ciudadanos orientales que ni siquiera conocen el término “moral”, una categoría meramente occidental atribuida al cristianismo. Mientras el Dr. Garzón siga creyendo en la existencia de una determinada forma de pensar para todos los seres que habitamos la tierra, difícilmente aceptará la validez de pareceres distintos y vivirá con la convicción que él está en lo correcto y los demás estamos equivocados. Presunciones como ésta difícilmente contribuyen con el espíritu de tolerancia que propugna el esquema laico justamente para facilitar un clima de paz y respeto.
Cada uno es libre de participar de las convicciones que mejor le parezcan, y el laicismo está allí para garantizar ese derecho. Sin embargo, para el Dr. Garzón todo aquél que reconoce que no puede imponer su verdad a los demás y que la elección de una determinada creencia o ideología pertenece al fuero interno de cada uno, es más bien un ser sin convicciones: “el laicismo actual necesita hombres sin convicciones, seres ágiles, ligeros, liberados del fardo del valor, sin escrúpulos morales que les impidan brincar de una constelación de sentido a otra.” (2006:19). Esto quiere decir, que todos aquellos defensores de la libertad, la igualdad y la tolerancia somos personas sin convicciones ni escrúpulos morales. ¿Desde cuándo reconocer que no todos piensan como uno, es síntoma de ligereza y falta de convicciones y escrúpulos? ¿No proviene esa acusación más bien de alguien que se niega a reconocer que existen diversas formas de pensar, sentir y creer? ¿Quiénes son los intolerantes?
Mientras el paradigma de la laicidad busca transferir del Estado al individuo una serie de decisiones que desde los planteamientos de la modernidad son de estricta incumbencia de los propios individuos, el Dr. Garzón, señala en su libro, precisamente lo contrario. “En el hecho de que estos temas sean cada vez más comunes en los escenarios políticos y parlamentarios del mundo hay que ver una tendencia muy precisa del Estado moderno de invadir la esfera personal y pretender regularlo todo.” (2006:15). No se comprende en qué sentido se puede dar eso. Cuando hacemos alusión al Estado Laico, exigimos que sean los padres de familia, y no el Estado, los que determinen qué tipo de formación religiosa o ideológica recibirán sus hijos en las escuelas públicas. Pedimos que en el caso de películas de contenido religioso y altamente controversial, sea el público, y no el Estado, el que decida censurarlo, no asistiendo a su proyección. Demandamos que cuando la vida de una mujer peligre por un embarazo, sea ella y no el Estado, la que decida continuar o poner término a su estado de gravidez. Reclamamos que sean los ciudadanos, y no el Estado, los que decidan optar por el preservativo o la abstinencia sexual como método de regulación de la fecundidad. Proponemos que los pacientes con dolorosas enfermedades terminales y aún concientes, sean los que resuelvan continuar o poner fin a su vida, de acuerdo a sus más íntimas convicciones.
Bajo estos postulados, ¿cómo es que el Estado moderno intenta invadir la esfera personal y pretende regularlo todo? Hubiera sido deseable que el Dr. Garzón no sólo se limitara a expresar tal aseveración sino que planteara situaciones concretas que ilustren al lector sobre el llamado “fundamentalismo estatal”, término que emplea a lo largo de las páginas de su libro.
Se acusa al Estado laico de querer imponer un credo oficial. Así se desprende de las siguientes líneas: “la contradicción parece ser evidente, las sociedades occidentales actuales —que mayoritariamente se proclaman políticamente democráticas y liberales— no podrían tolerar que las personas pensaran libremente, o en todo caso en forma distinta al credo oficial, o por lo menos al que parece asumir hoy en día el Estado, los medios de comunicación y el mercado.” (Garzón, Iván Darío, 2006:20). Resulta sorprendente que el discurso laico sea acusado de no tolerar a las personas que piensan libremente. ¿Será cierto esto? Remitámonos a la situación actual de la educación estatal.
Debido al Concordato —y anteriormente al Sistema del Patronato— celebrado entre el Perú y la Iglesia Católica, nuestro país desde la época de la Colonia hasta nuestros días ha asumido el compromiso de imponer la enseñanza de la religión católica en todos los centros educativos nacionales. Actualmente, una de las competencias establecidas por el Ministerio de Educación para el curso de formación religiosa católica es el de “conocer y valorar la acción de la Iglesia y comprometerse a participar en ella”[1]. A partir de este dispositivo, para que los alumnos aprueben el curso de religión en los colegios nacionales deben haber cumplido con la siguiente competencia educativa: “manifestar su adhesión a la Iglesia en el Perú y participar en su vida y misión expresando, a través de su imagen corporal y simbólico, sus experiencias religiosas”.[2] Se habrá preguntado el Dr. Garzón ¿qué sucede con los niños no católicos que se ven obligados a estudiar en un colegio del Estado por no contar con recursos para asistir a uno particular? ¿Conoce el Dr. Iván lo complicado que es mantener a un niño no católico al margen de todas las actividades religiosas que sus demás compañeros realizan? Con un sistema educativo diseñado de esta forma, ¿cuál es actualmente el credo oficial impuesto en los colegios del Estado peruano? ¿Se puede hablar de libertad de credo cuando los alumnos de las instituciones educativas estatales deben cumplir con los objetivos planteados en el curso de religión católica? ¿Es justo que los niños no católicos se vean obligados a presentar su dispensa para no llevar el curso y al ser separados sean discriminados y sancionados con el aislamiento? ¿Es acaso el “credo oficial” en nuestro país el discurso laico? Si según el Dr. Garzón, la propuesta del laicismo estatal “no tolera” que las personas piensen libremente entonces ¿Cómo califica la actual situación de la libertad de conciencia y de religión de los estudiantes peruanos?
El Dr. Iván continúa señalando sobre la educación laica que “No es casualidad que buena parte del debate acerca del laicismo se haya dado en lo referente a la escuela pública y a la enseñanza promovida o financiada por el Estado. Como la enseñanza ha sido —y sigue siendo— un instrumento privilegiado para la transmisión y enseñanza de la religión, la ideología laicista compite por este espacio para transmitir allí su cosmovisión particular.” (Garzón, Iván Darío, 2006:48) ¿Cuál es la cosmovisión particular, a la que alude? ¿Acaso se refiere a la propuesta de cambiar el curso de religión católica por el de historia de las religiones para presentar un amplio panorama sobre este asunto a los estudiantes? ¿Tiene acaso la escuela publica la facultad —y acaso el deber— de adoctrinar a los alumnos en una determinada convicción religiosa? ¿Qué curso impone una “cosmovisión particular”: aquél que adoctrina en una religión con nombre propio, o aquél que ilustra sobre la existencia de varias de ellas? Defender el respeto a la diversidad ideológica y la tolerancia religiosa ¿es acaso defender una cosmovisión particular? Si al Dr. Garzón le preocupan —como nos hace saber en su libro— los peligros del avance del laicismo, a mí no deja de inquietarme la difusión de un discurso que cuestiona los planteamientos del laicismo político, al que hace pasar por intolerante, fundamentalista e intransigente, cuando por el contrario busca garantizar el respeto por el Sistema Democrático y los Derechos Humanos fundados en los principios de dignidad, libertad, igualdad y tolerancia.
Si justamente debido a que nos reconocemos como seres dotados de razón, conciencia, libertad, valores, deseos y aspiraciones, es que reclamamos el derecho a que cada uno determine en qué creer y no creer, y exigimos que esa decisión sea respetada, entonces ¿dónde está la dictadura del relativismo?

[1] Resolución Ministerial 201-98-ED que aprueba los Programas Curriculares Básicos del Segundo y Tercer Ciclo correspondientes a Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria.
[2] Área de Competencias del curso de Formación Religiosa de los niños de 5to año de primaria del Colegio Nacional Manuel Muñoz Najar de Arequipa.

¿La identidad es un deber?

Alvaro Pinto Cárdenas (09.06.2007)

Resulta que ahora la identidad ya no es un derecho. Según RENIEC quien no cumpla con la actualización de sus datos -en los plazos determinados- perderá la validez de su DNI. Como ellos mismos dicen: no se podrá realizar contratos, cobrar cheques, realizar compra-venta de inmuebles, casarse, hipotecar, realizar trámites administrativos o judiciales, etc. (1)

Por otro lado -la Defensoría del Pueblo en su afán de complicar aún más esta situación, lejos de simplificar las cosas- menciona que es necesario un Decreto Supremo para determinar los plazos y sanciones para la actualización del estado civil (2). Mucho más aún, propone la gratuidad en el trámite para un grupo de privilegiados; claro está, a costa de quienes si pagarían el “costo razonable”. Como ciudadano es imprescindible responderles a estas entidades estatales lo siguiente:

1.- La declaración de que el DNI constituya la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles (3) y que su uso sea obligatorio (4) es el resultado de CONFUNDIR los actos civiles con los políticos (referido a las votaciones). Además, el condicionar el ejercicio civil a su actualización, representa un EXCESO en la legislación peruana que va en contra del Estado de Derecho. Es decir, el derecho que tenemos a la identidad (5) no se puede IMPONER o condicionar con el cumplimiento de requisitos antojadizos que responden a intereses particulares que no son legítimos y que constituyen barreras a las libertades civiles. Por lo tanto, resulta IMPRESCINDIBLE separar los actos civiles de los políticos (electorales) con la sustitución de esta norma, discerniendo el carácter civil o electoral del DNI.

2.- La protección de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, tal como expresa la misión de la Defensoría del Pueblo (6), necesita además, tener en cuenta el principio de la Igualdad ante la Ley para que no haya discriminación por ningún tipo.

[1] RENIEC (www.reniec.gob.pe/portal/DetallePrensa.jsp?codigo=232)

[2] Defensoría del Pueblo (Nota de Prensa 100/OCII/DP/2007)

[3] Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497, Artículo 26)

[4] Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497, Artículo 27)

[5] Constitución Política del Perú 1993 (Artículo 2, Inciso 1)(6) Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe/defensoria.html)

La Granja Venezolana

Jorge Luis Ortiz Delgado (01.06.2007)

En 1992, la agitada democracia venezolana se vio, en dos oportunidades, amenazada por intentos de golpe que intentaban reimplantar la brutal tradición dictatorial bajo los tímidos miramientos que algunos gobiernos –con cálculos ajenos a la convivencia democrática– demostraron debido a una posible expansión de crisis políticas que ya iban agravándose dentro de sus límites institucionales, y, peor todavía, consideraban como salida a estos conflictos internos la aplicación del entonces admirado modelo peruano, cuando el golpe de Estado emprendido por el denunciado y ahora vulgar escapista político Alberto Fujimori reordenaba, con violencia callejera y causando estragos sobre la constitucionalidad peruana, una sociedad inundada de politiquería, palabra favorita de aquellos nuevos adalides que justifican un quiebre de la legalidad para suprimir a todo adversario e imponer un autoritarismo descomunal. La incapacidad de protesta internacional y sus efectos negativos estuvieron, para variar, alentados por la inutilidad de una organización que teniendo como mandato central de los gobiernos que representa resguardar la democracia y el respeto al Estado de Derecho, siguió formalidades concentradas en resoluciones y manifiestos que poco o nada hicieron por despejar de todo régimen civil la sombra del militarismo golpista.
Hoy la OEA, aunque se haya pronunciado brevemente contra la medida adoptada por el gobierno venezolano de no renovar la concesión a la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV) con argumentos típicos de toda dictadura como la existencia de conspiraciones para derrocar a sus gobernantes del poder, y, si bien, ha recibido con cordialidad un pedido de intervención por parte de los trabajadores del canal afectado, aun no convalida su existencia con actitudes y medidas claras que expresen a la Comunidad Internacional su apego entero a los procesos civilizadores y rechace toda tentativa de suprimir la libertad de expresión ya dañada en tierras llaneras.
Quince años después, aunque el mismo insurrecto sea hoy presidente de Venezuela, avalado peligrosamente por la mayoría de su población, debe esperar de la OEA una respuesta distinta y más contundente que la que dio cuando el teniente coronel de entonces pretendía usurpar por las armas lo que ahora conserva por las urnas. Su condescendencia tácita adornada con misiones de observación que sólo cumplían con actos de presencia en medio de una serie de inminencias que ponían en jaque la democracia tanto en Venezuela como ocurrió en el Perú, debe ser reemplazada por condenas rotundas acompañadas de una presión internacional que disuada, efectivamente, al gobierno venezolano de seguir con estas prácticas arbitrarias. El temor a una posible desarticulación supranacional, con la amenaza de Chávez de retirarse de la Organización, estratagema soldadesco que ya le sirvió para retirarse anteriormente de la CAN, no debe primar frente a las consecuencias que se darían si se dejase germinar semillas de dictadura en la región estropeando los niveles altos de crecimiento económico, las buenas perspectivas de tratados comerciales en lista de espera, y el afianzamiento de la democracia latinoamericana como nunca antes se había visto. De otro lado, tal articulación resulta algo artificiosa si se considera que durante décadas los logros conseguidos, políticamente en la región, han surgido de manera laboriosa y casi unilateral de gobiernos que sobrellevaron una tradición de corruptela enquistada en todas sus esferas y que decidieron, luego, poner límites a esta pandemia que degradaba sus sociedades y mutilaba la confianza ciudadana. Chile, El Salvador y el mismo Perú son muestra del papel secundario y hasta prescindible que jugó la OEA a favor del fortalecimiento democrático, imperfecto pero vigilado, que ahora llevan como insignia estos países.
Un enviado del Gobierno de Venezuela, Roy Chaderton, explicó en Madrid que no le renovaron la licencia de emisión a la cadena RCTV porque "el inquilino (de la señal) no se portaba bien”. Estas declaraciones, el tono arrogante con que son proferidas y el menosprecio seborreico que sobre la libertad de expresión deja saber, no permiten duda respecto de la intolerancia y la incapacidad del régimen para convivir con la discrepancia. El uso del poder que ejerce la maquinaria chavista para suprimir del mapa político al adversario es una constante de gobiernos inmorales que en nombre del progreso social sacrifican, con falsedades, las libertades más insoslayables del individuo. George Orwell en uno de sus más notables trabajos intelectuales y literarios, reprodujo en Animal Farm (1945), el proceso que viven las sociedades hastiadas de un statu quo empobrecedor o aletargante. Cansados los animales de la granja de un trato injusto, crean una rebelión que busca, entre otras mejoras, autogobernarse y suprimir de su historia las huellas del hombre como ser dominante y perverso. La refundación de su espacio conquistado trae consigo hechos que, por no basarse del aprendizaje de la historia, derivan, primero, en recelos, y después, en actos criminales; todo por adueñarse de un terreno de poder que alimenta la codicia de los que, alguna vez, se presentaron como conductores del nacimiento de una nueva sociedad desprendidos de toda ambición, pero terminan convirtiéndose en sátrapas endiosados que sustentan su mandato en informaciones adulteradas, viles persecuciones de opositores y ensañamientos sangrientos que ponen de rodillas a una comarca desinformada, ingenua y, por qué no decirlo, cómplice de sus fechorías.
La novela, si bien, tuvo como principal motivación la de presentar una alegoría sobre los abusos cometidos por el régimen stalinista, cobra en la actualidad una vigencia ineluctable porque recrea con gran proyección los desajustes suscitados en un orden democrático cuando éste no satisface a sus ciudadanos. La endeblez civil al consentir un gobierno déspota, el mecanismo de manipulación en la información con fines dominantes y la utopía igualitaria tratando de hacerse realidad, se expresan en la historia de 1945 –año en que fue publicado el texto– para graficar tanto las injusticias de la época soviética de Stalin como, ahora, el tiempo de Chávez en Venezuela. Alcanzar una sociedad abierta es una labor de ensayos cuyo camino presenta soluciones no definitivas. Las revoluciones, todas aquellas que pretenden alcanzar totalitarismos, se sirven de métodos inflexibles para limpiar de impurezas su rasgo fundacional. Sus desafíos, al seguir este patrón de borrón y cuenta nueva, no sólo tratan de eliminar cualquier intento de oposición a sus fines, sino, también, en su formación como gobiernos nuevos y redentores, no diferencian, con cada cuota de poder conquistado o arrebatado, las particularidades de cada ser; no advierten la diversidad, ni mucho menos la respetan. Así la intolerancia y el despotismo se convierten en moneda diaria en aquellas sociedades en donde el poder se robustece, transgrede sus propios límites y debilita cualquier control.
Orwell, a manera de prefacio y siendo el tema de la libertad de prensa relevante durante estos días, hace un severo llamado de atención a la sociedad sobre la reacción que su libro generó en los fueros políticos de la afable Inglaterra. Castiga con duras palabras la cobardía intelectual que ventilaron ciertos grupos de poder y académicos ante la inocultable represión de la que sus ideas fueron víctimas en un país silenciado por su indeseable neutralidad de entonces. Si sobre algo ejemplar, que aun no se ha visto, se debiera articular en este lado del hemisferio la cadena de países atravesados por una historia colectiva de desgarramientos democráticos pero también de aspiraciones pacíficas, debiera ser, sin duda, ese cuerpo común frente a la tiranía y contra quienes en nombre de salvajes nacionalismos apoyan métodos de purga tan parecidos a los sistemas fascistas. Son estudiantes universitarios, en su mayoría, quienes en Venezuela ya han salido a las calles para manifestar su indignación contra lo que creen ellos es la esencia de su independencia mental, una libertad de expresión que con el cierre de la televisora se ha encontrado horrendamente bajo un diagnóstico reservado. Pero siguen siendo insuficientes, y aunque progresivamente más venezolanos van adquiriendo conciencia sobre lo que ellos mismos ayudaron a concebir, sin prever su peligrosidad, es el apoyo externo fundamental para decirle al gobierno de ese país que se encuentra solo en su ideología opresora, y que otros no comparten su intolerancia como política ni al chantaje como relación internacional.

Si la libertad, como diría Orwell, significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. Hagamos que Chávez y los que alientan un gobierno patrimonialista en Venezuela oigan que de confines más cercanos preferimos la democracia a su torpe utopía.

Delegación de Facultades: Gana el Ejecutivo… ¿pero el CIUDADANO?

Alvaro Pinto Cárdenas (27.04.2007)

¿Alguien puede estar en contra de cambiar el sistema legal para obtener orden y seguridad? Difícilmente. Tales fines son muy deseables y ante su escasez, aún más. Sin embargo, los fines no justifican cualquier medio.
El Estado es el ente que ha monopolizado el uso legítimo de la fuerza. Éste es el supuesto de una vida en sociedad, en comparación a la supervivencia en colectividades primitivas. El individuo renuncia a ejercer la violencia -por sus propios medios- porque existe un tercero neutral: el Estado. Ésta es la función legítima y natural de un Estado Moderno.
La reciente aprobación de facultades al Ejecutivo para legislar en materia de Seguridad Pública, se estrella estrepitosamente con el Principio de la División de Poderes en ese Estado. ¿Por qué? Porque distorsiona la definición de funciones en cada uno de los estamentos de poder. El Legislativo elabora las leyes, el Ejecutivo gestiona recursos para el cumplimiento de tales decisiones y el Judicial resuelve los conflictos que puedan surgir en base a las leyes previamente definidas.
Aunque pueden haber excepciones, necesitan ser sólo eso, excepciones. El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente. ¿Por qué? Porque el individuo con sus acciones, persigue sus propios intereses. Y esto vale si se desarrolla en el sector privado y mucho más aún, si se desempeña en el estatal. Mucho más, pues desde el Estado tiene el poder para hacer cumplir su voluntad en pleno uso de su facultad legítima y natural. Cosa que no sucede en el mercado, ahí tiene que convencer, porque no es la única oferta: no hay monopolio.
Por todo esto, no es raro considerar y proponer mecanismos que LIMITEN el poder. La división es uno, pero como acabamos de ver no siempre resulta útil debido a su fragilidad institucional y a la ignorancia de los legisladores. Los funcionarios estatales no pueden tener “total libertad” para ejercer su poder, pues tienen un encargo bien definido de manera legítima y natural. El origen de esta situación está en la Constitución. Debido a que culturalmente no somos críticos del poder -sino que buena parte de la sociedad busca aliarse con él para obtener beneficios- los legisladores que elaboraron la Carta Magna aún no han hecho el énfasis necesario para LIMITAR el PODER y resguardar al fin supremo de la Sociedad y del Estado: el INDIVIDUO.

¿ABORTO? Pro-choice o Pro-life

Alvaro Pinto Cárdenas (09.04.2007)

Es curioso revisar lo que pasa en nuestro país -a nivel formal- en comparación a otros lugares del mundo, como EEUU o Europa. El programa 30 Days del Canal FX, el último sábado propaló la experiencia de una mujer europea pro-choice en un hogar de ayuda americano pro-life durante un mes.
Las instituciones pro-choice, buscan dar INFORMACION NEUTRAL para que las mujeres que acuden a ellas, puedan tomar la mejor decisión para ellas. Por otro lado, el hogar pro-life da hogar, techo y comida a mujeres que no pueden proveerse a sí mismas, estando embarazadas y que no quieren abortar. Ambos tipos de instituciones están separadas del estado.
Lo curioso es ver como en un caso se defiende la LIBERTAD de las mujeres y en el otro se busca proteger la VIDA de los futuros ciudadanos. Dos puntos que pueden llegar a estar en TOTAL DESACUERDO en determinadas circunstancias. Lo interesante es el hecho de que la sociedad -y sus acuerdos formales (leyes)- permiten la convivencia de ambas instituciones.
Claro está, como nada es perfecto, en EEUU los congresistas conservadores están canalizando los intereses de las personas pro-vida para restringir el funcionamiento de las clínicas abortivas atentando contra las opciones que la mujer que está embarazada.
Hay quienes dirán que esas son otras realidades y que nosotros somos distintos, que tenemos otros valores. Lo cierto es que no creo que por haber nacido en el Perú, la mujer merezca ver vulnerada su dignidad (al restringirle la libertad), sólo porque los intereses conservadores siguen sin ser cuestionados.

El Obstáculo en el Servicio Educativo

Álvaro Pinto Cárdenas (10.03.2007)

Normalmente cuando existe una relación laboral, la transacción se da con bienes o servicios a cambio de dinero. Nada más. En ese sentido, las aspiraciones del empleado, se legitiman en tanto se aboquen a la relación laboral. Normalmente, porque no siempre pasa. Ese es el caso de la educación pública que tiene a buena parte de sus empleados agrupados en su sindicato: el SUTEP.
Es lógico entender que los educadores se hayan agrupado para defender sus intereses frente al Estado, su empleador. Sin embargo, no lo parece tanto al encontrar dentro de los fines y objetivos de la asociación, referencias distintas al ámbito laboral. Por ejemplo, hay aspiraciones ideológicas-políticas, así como culturales-espirituales, que escapan largamente al legítimo interés de un trabajador inmerso en el servicio educativo. www.sutep.org.pe
Dentro de las primeras, ideológicas-políticas, vemos la cita respecto a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales. O la defensa de los derechos del niño, la juventud y la mujer; donde puede aparecer algo desconectado de la realidad tomando en cuenta el episodio del rechazo a su evaluación. O también, la defensa de las libertades y derechos de todo el pueblo. Así como también, en la conquista de recursos legales a favor del magisterio, de los trabajadores y del pueblo. Personalmente, no les requiero para tal fin debido a su falta de idoneidad. O también en la participación del análisis y evaluación de las políticas económicas del país y del mundo.
En las culturales-espirituales, cercano al adoctrinamiento aparece la alusión al desarrollo de la conciencia de clase. Aparentemente, el mejoramiento de las condiciones de vida espiritual también tendría cabida en el gremio, ojalá no trasgrediendo la libertad de conciencia de sus miembros.
Es cierto, la relación laboral es con el Estado y también existe libertad de pensamiento, pero no por ello se puede permitir que el SUTEP negocie con su empleador temas que exceden una relación laboral, tales como los que he citado anteriormente, y que están expresados en su Estatuto.
Bien harán los agremiados del SUTEP en evaluar la gestión de sus últimos representantes -ahora que se acercan las elecciones de su Comité Ejecutivo Nacional- y en revisar la pertinencia de los objetivos y fines de su Asociación. No es cuestión de desaparecer el gremio, sino de que responda a los legítimos intereses de sus asociados. Claro está, dentro de un marco razonable y coherente. Porque me queda claro que ellos no pueden ser ideológicos, políticos, culturales y menos espirituales.